DOMINIO EMINENTE DEL ESTADO FRENTE A LAS REGALIAS.
Por: Víctor Julio García Rodríguez. (*)
Por mandato expreso del articulo 102 de la constitución política, el Estado tiene el “dominio eminente” sobre los recursos naturales no renovables que son patrimonio de la Nación y como tal, el Estado tiene la función de proteger y administrar estos bienes “in situ”, que no son propiedad de un departamento, municipio o colectividad étnica, sino que es patrimonio del país.
Mientras el petróleo y demás recursos permanezcan bajo el suelo, el Estado tiene la potestad sobre estos, pero cuando son sacados del seno de la tierra el panorama jurídico cambia, porque estos ya no son de la Nación, sino de las compañías que lo extraen para su comercialización de acuerdo a los contratos de concesión otorgados por el Estado, revertiendo determinados derechos al patrimonio de la nación, llamadas regalías, impuestos y demás gravámenes, correspondiéndole al Estado por estos conceptos un 50%, el cual no es otra cosa que una especie de “expropiación” a estos recursos, con la complacencia del mismo Gobierno Nacional.
De ese 50%, 17 departamentos y 60 municipios, se quedan con más del 80% de esas regalías y ni siquiera han sido capaces de darle a su población calidad de vida, en lo que respecta a salud, educación, empleo, generación de nuevas empresas (economías de escala) y agua potable, despilfarrando estos recursos en moles de cemento, que no corresponde a la relación costo-beneficio y la solución de necesidades básicas insatisfechas de la población, ya que muchos de estas regalías, han ido a parar a las billeteras de Alcaldes y Gobernadores, razón por la cual se pierden anualmente mas de cuatro billones de pesos.
Debido a la corrupción en el manejo de las regalías, el Gobierno Nacional, impulsó una reforma a los artículos 360 y 361, para que desde un FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL y un ahorro fiscal, se pueda darle un uso racional, proporcional a estas regalías, atendiendo los principios de equidad y solidaridad, con un enfoque sistémico y teleológico de acuerdo a los principios del Estado Social de Derecho.
Para los opositores, con esta reforma constitucional, se retomaría nuevamente la centralización, contrariando los principios de la descentralización y autonomía de las entidades territoriales, sin embargo, la misma constitución en su artículo primero establece que Colombia, es una Republica Unitaria, el cual significa que existe un solo centro de impulsión política-administrativa, en cabeza del Gobierno Nacional, es decir, el manejo de las políticas publicas son inherentes, al Gobierno Central, y no a las entidades territoriales, ya que estas no son soberanas o federadas.
Son muchos los argumentos a favor y en contra de esta iniciativa legislativa, pero son mas los favorables que los desfavorables, ya que permitirá que en todos los municipios y departamentos reciban por igual estas regalías y que por lo menos se haga uso de la PLANEACIÓN REGIONAL, ya que estas regalías se destinaran a financiar proyectos regionales de desarrollo económico y social, infraestructura, la inversión en ciencia y tecnología y evitar en parte el despilfarro de estas regalías.
23 de septiembre de 2010.
(*) Administrador Publico, especialista en Derecho Público, periodista afiliado a ASOPEMET.
Por: Víctor Julio García Rodríguez. (*)
Por mandato expreso del articulo 102 de la constitución política, el Estado tiene el “dominio eminente” sobre los recursos naturales no renovables que son patrimonio de la Nación y como tal, el Estado tiene la función de proteger y administrar estos bienes “in situ”, que no son propiedad de un departamento, municipio o colectividad étnica, sino que es patrimonio del país.
Mientras el petróleo y demás recursos permanezcan bajo el suelo, el Estado tiene la potestad sobre estos, pero cuando son sacados del seno de la tierra el panorama jurídico cambia, porque estos ya no son de la Nación, sino de las compañías que lo extraen para su comercialización de acuerdo a los contratos de concesión otorgados por el Estado, revertiendo determinados derechos al patrimonio de la nación, llamadas regalías, impuestos y demás gravámenes, correspondiéndole al Estado por estos conceptos un 50%, el cual no es otra cosa que una especie de “expropiación” a estos recursos, con la complacencia del mismo Gobierno Nacional.
De ese 50%, 17 departamentos y 60 municipios, se quedan con más del 80% de esas regalías y ni siquiera han sido capaces de darle a su población calidad de vida, en lo que respecta a salud, educación, empleo, generación de nuevas empresas (economías de escala) y agua potable, despilfarrando estos recursos en moles de cemento, que no corresponde a la relación costo-beneficio y la solución de necesidades básicas insatisfechas de la población, ya que muchos de estas regalías, han ido a parar a las billeteras de Alcaldes y Gobernadores, razón por la cual se pierden anualmente mas de cuatro billones de pesos.
Debido a la corrupción en el manejo de las regalías, el Gobierno Nacional, impulsó una reforma a los artículos 360 y 361, para que desde un FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL y un ahorro fiscal, se pueda darle un uso racional, proporcional a estas regalías, atendiendo los principios de equidad y solidaridad, con un enfoque sistémico y teleológico de acuerdo a los principios del Estado Social de Derecho.
Para los opositores, con esta reforma constitucional, se retomaría nuevamente la centralización, contrariando los principios de la descentralización y autonomía de las entidades territoriales, sin embargo, la misma constitución en su artículo primero establece que Colombia, es una Republica Unitaria, el cual significa que existe un solo centro de impulsión política-administrativa, en cabeza del Gobierno Nacional, es decir, el manejo de las políticas publicas son inherentes, al Gobierno Central, y no a las entidades territoriales, ya que estas no son soberanas o federadas.
Son muchos los argumentos a favor y en contra de esta iniciativa legislativa, pero son mas los favorables que los desfavorables, ya que permitirá que en todos los municipios y departamentos reciban por igual estas regalías y que por lo menos se haga uso de la PLANEACIÓN REGIONAL, ya que estas regalías se destinaran a financiar proyectos regionales de desarrollo económico y social, infraestructura, la inversión en ciencia y tecnología y evitar en parte el despilfarro de estas regalías.
23 de septiembre de 2010.
(*) Administrador Publico, especialista en Derecho Público, periodista afiliado a ASOPEMET.

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