ACABAR CON LAS CONTRALORIAS TERRITORIALES.
Por Víctor Julio García Rodríguez. (*)
A raíz de la privación de la libertad del Contralor Departamental del Vaupés, NELSON ORTIZ SANCLEMENTE, por el presunto delito de concusión, al exigirle al Alcalde de Mitú, MIGUEL ANGEL VARGAS, el 3% del valor de la contratación efectuada por la Alcaldía en el 2008, evidencia una vez mas que algunas Contraloría Territoriales son focos de corrupción, chantaje o extorsión, que atentan contra los principios de la Función Administrativa en especial el de la moral publica, la transparencia, la eficiencia y la eficacia.
Con la promulgación de la Constitución Política de 1991, se acabo el control previo, que había convertido a los Auditores, en verdaderos coadministradores de las administraciones locales, ya que una cosa decía el ordenador del gasto y otra cosa los Auditores. Este control previo, era un reten o un peaje, a favor de los auditores que en la practica tenían mas poder, que el mismo Contralor.
A pesar que la Constitución Política, acabo con el control previo, algunos Contralores, la siguen ejerciendo a través de los famosos controles de advertencia, que no es otra cosa que una advertencia, para que el ordenador del gasto se “ponga bueno”, caso contrario le meten terror, con la famosas visitas de auditoria y el informe de hallazgos y que en el peor de los casos terminan archivadas, cuando el investigado se “pone bueno” con el Auditor o Contralor y si prospera algún tipo de investigación, es por actuaciones o cosas baladíes, buscando “chivos expiatorios” que en el peor de los casos resultan siendo funcionarios de bajo rango o perfil.
Además, es frecuente ver incluidos en las plantas de personal de Alcaldías o Gobernaciones a esposas o familiares del Contralor Territorial y en el peor de los casos manejando la contratación estatal, lo cual evidencia actos de corrupción y un conflicto de intereses para el investigador, que moralmente esta impedido para hacer un hallazgo o investigación, por aquello que es “mala educación hablar con la boca llena”.
Personalmente considero que estas Contralorías Territoriales, como focos de corrupción y chantaje, se deben acabar y en su efecto, que se fortalezca la Contraloría General de la Republica, o que los Contralores Territoriales, sean escogidos o seleccionados por los Veedores Ciudadanos, Comités Cívicos o Empresariales y sean nombrados por el Contralor General de la Republica, así los Concejales, los Diputados, Alcaldes o Gobernadores, tampoco puedan tener injerencia en el manejo del control fiscal en sus localidades.
Por Víctor Julio García Rodríguez. (*)
A raíz de la privación de la libertad del Contralor Departamental del Vaupés, NELSON ORTIZ SANCLEMENTE, por el presunto delito de concusión, al exigirle al Alcalde de Mitú, MIGUEL ANGEL VARGAS, el 3% del valor de la contratación efectuada por la Alcaldía en el 2008, evidencia una vez mas que algunas Contraloría Territoriales son focos de corrupción, chantaje o extorsión, que atentan contra los principios de la Función Administrativa en especial el de la moral publica, la transparencia, la eficiencia y la eficacia.
Con la promulgación de la Constitución Política de 1991, se acabo el control previo, que había convertido a los Auditores, en verdaderos coadministradores de las administraciones locales, ya que una cosa decía el ordenador del gasto y otra cosa los Auditores. Este control previo, era un reten o un peaje, a favor de los auditores que en la practica tenían mas poder, que el mismo Contralor.
A pesar que la Constitución Política, acabo con el control previo, algunos Contralores, la siguen ejerciendo a través de los famosos controles de advertencia, que no es otra cosa que una advertencia, para que el ordenador del gasto se “ponga bueno”, caso contrario le meten terror, con la famosas visitas de auditoria y el informe de hallazgos y que en el peor de los casos terminan archivadas, cuando el investigado se “pone bueno” con el Auditor o Contralor y si prospera algún tipo de investigación, es por actuaciones o cosas baladíes, buscando “chivos expiatorios” que en el peor de los casos resultan siendo funcionarios de bajo rango o perfil.
Además, es frecuente ver incluidos en las plantas de personal de Alcaldías o Gobernaciones a esposas o familiares del Contralor Territorial y en el peor de los casos manejando la contratación estatal, lo cual evidencia actos de corrupción y un conflicto de intereses para el investigador, que moralmente esta impedido para hacer un hallazgo o investigación, por aquello que es “mala educación hablar con la boca llena”.
Personalmente considero que estas Contralorías Territoriales, como focos de corrupción y chantaje, se deben acabar y en su efecto, que se fortalezca la Contraloría General de la Republica, o que los Contralores Territoriales, sean escogidos o seleccionados por los Veedores Ciudadanos, Comités Cívicos o Empresariales y sean nombrados por el Contralor General de la Republica, así los Concejales, los Diputados, Alcaldes o Gobernadores, tampoco puedan tener injerencia en el manejo del control fiscal en sus localidades.
Villavicencio, 18 de mayo de 2010
(*) Administrador Publico, especialista en Derecho Publico, periodista afiliado a
ASOPEMET.

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